Alabama estrena este jueves una agresiva ley contra la inmigración ilegal, la
más dura en su tipo en Estados Unidos, que criminaliza a los indocumentados y
autoriza a las escuelas a verificar el estatuto migratorio de sus alumnos cuando
se matriculan.
La ley conocida como HB 56 “es como la de Arizona pero con un sabor de
Alabama”, dijo a la AFP Andre Segura, abogado de la Unión Estadounidense por las
Libertades Civiles (ACLU), parafraseando a los legisladores que aprobaron el
texto en un estado conocido por impulsar medidas estrictas de alto costo
social.
Segura calificó de “mucho peor” esta nueva ley en comparación con la de
Arizona (suroeste), que en 2010 propuso por primera vez en el país criminalizar
a los indocumentados, levantando una condena nacional e internacional.
Además de declarar en el estado la inmigración ilegal como delito, penaliza
el transporte o alojamiento de indocumentados.
La ley empezó a aplicarse este jueves de forma parcial, pero la policía tiene
la orden para actuar, dijo a la AFP Joy Patterson, portavoz de la fiscalía
general de Alabama (sureste).
Un fallo emitido el miércoles por la jueza de distrito Sharon Blackburn
mantuvo las partes más polémicas de la ley que tres demandas presentadas por
separado entre julio y agosto habían pedido eliminar, al considerar que
contravenían la legislación migratoria federal.
Estas demandas rechazadas fueron presentadas por el gobierno de Barack Obama,
una coalición de iglesias y el ACLU.
ACLU presentará este jueves ante la corte de distrito de Alabama una serie de
recursos para apelar la ley y detener su aplicación, aún a pocas horas de haber
entrado en vigor, explicaron sus portavoces.
“Prometí durante mi campaña una dura ley contra la inmigración ilegal y ahora
la tenemos”, dijo el republicano Robert Bentley, gobernador de Alabama desde
enero de 2011.
“Si el gobierno federal hubiera hecho su trabajo de aplicar sus propias leyes
de inmigración, no hubiera necesidad de que Alabama u otros estados aprobaran
una ley como esta”, dijo desafiante el gobernador.
La ley es una pésima señal para los 11 millones de indocumentados que viven
en Estados Unidos, y en especial para los 130.000 que residen en Alabama, según
estimaciones del Centro Tew Hispanic, el principal instituto de estudio de la
comunidad hispana en el país.
Para el ACLU el fallo del miércoles fue “equivocado porque ahora tenemos una
ley que deja la puerta abierta a muchas interpretaciones de los oficiales de
turno”.
El punto de autorizar la verificación del estatuto migratorio de los alumnos
de escuelas públicas, de primaria y secundaria, “especifica que es cuando se
matriculan, y en Alabama los niños se matriculan una sola vez en la educación
pública, pero el fallo deja abierta la posibilidad de que el estado pueda pedir
matrículas anuales”, según Segura.
En cualquier caso, el riesgo es que muchos niños dejen de ir a la escuela
porque sus padres son indocumentados.
Entre otras controversias, figura una disposición para que la policía detenga
sin derecho a fianza a presuntos inmigrantes indocumentados y otra que considera
delito menor el que un residente ilegal no tenga prueba de residencia.
La policía puede proceder a intercambiar información con la oficina de
inmigración si detiene a una persona por una infracción o delito y el infractor
no tiene papeles que confirmen su residencia legal en Estados Unidos: sea
licencia de conducir, pasaporte con visa vigente o tarjeta de residencia.
“Pero hay miles de ciudadanos con permanencia legal en Estados Unidos
-obviamente en Alabama también- bajo estatutos de asilo político, refugiados o
protección especial por ser víctimas de crímenes, que no tienen este tipo de
documentación consigo”, explicó Segura.
La disposición también puede perjudicar a los estudiantes indocumentados que
el gobierno se comprometió el mes pasado a no deportar, porque abre las puertas
para que puedan ser detenidos por cualquier infracción y terminen en las
oficinas de inmigración.
“El hecho de que la policía llame a (la agencia de) inmigración cuando esté
frente a un caso ‘sospechoso’ podría conllevar al menos 80 minutos de detención
en la calle de una persona, solo para verificar su estatuto migratorio”, indicó
el abogado.
“Es una ley horrenda y un fallo escandaloso”, dijo Frank Sharry, director
ejecutivo de la fundación America’s Voice Education, calificando la ley de
“absurda y discriminatoria”.
Ali Noorani, director del Foro Nacional de Inmigración, lamentó que “Alabama
siga haciendo historia tomando caminos errados”.
fuente/listindiario.com
