Archive for March 20th, 2011
Hadeel Al-Shalchi y Ryan Lucas / Prensa Asociada
Tripoli. – Estados Unidos y varios países de Europa atacaron a las fuerzas del gobernante Moamar Gadafi con aviones y decenas de misiles entre explosiones y disparos de artillería en la capital durante la madrugada del domingo, mientras el líder libio amenazó con una guerra prolongada con “paciencia ilimitada y fe profunda”.
La televisión estatal de Libia informó que 48 personas habían muerto en los ataques, que constituyeron la campaña militar internacional más amplia desde la guerra de Irak. La ofensiva tuvo el propósito de instrumentar la zona de exclusión aérea autorizada por la ONU en apoyo de los rebeldes que perdían terreno ante el mayor poderío bélico del régimen.
En Bengasi, la capital rebelde y la primera ciudad que cayó en la revuelta iniciada el 15 de febrero, varias personas dijeron que la acción internacional llegó justo a tiempo. Los tanques y los soldados del gobierno libio habían llegado el sábado a la periferia de la ciudad.
“Era cosa de minutos y las fuerzas de Gadafi habrían estado en Bengasi”, consideró Akram Abdul Wahab, un carnicero de 20 años de edad que vive en esa localidad.
En una llamada telefónica a la televisión estatal, Gadafi afirmó que no cedería ante la ciudad en poder de los insurrectos y dijo que el gobierno había abierto los depósitos de armas a todos los libios, y que éstos ya estaban provistos de “armas automáticas, morteros y bombas”.
Antes de esas declaraciones, el veterano gobernante libio afirmó que defendería a su país de lo que llamó una “una agresión de cruzados” y advirtió que la participación de fuerzas internacionales pondrá en peligro al Mediterráneo y al norte de Africa, y en riesgo a la población civil.
Las fuerzas armadas de Estados Unidos dijeron 112 misiles de crucero Tomahawk fueron lanzados desde buques y submarinos estadounidenses y británicos hacia más de 20 blancos en costas con la intención de permitir patrullas aéreas e impedir acciones de la fuerza aérea de Libia. Varios cazas franceses fueron los primeros en abrir fuego y atacaron diversos en la región oriental en apoyo a los rebeldes que dominan esa zona, mientras los cazas británicos también bombardearon lugares del país norafricano.
El presidente estadounidense Barack Obama dijo que la acción militar no era su primera opción y reiteró que no enviaría fuerzas terrestres de Estados Unidos.
Los ataques de los aliados fueron una escalada drástica en la campaña internacional por detener a las fuerzas de Gadafi después de varias semanas en los rebeldes habían suplicado ayuda al perder los avances que habían logrado en su intento por forzar la salida de Gadafi.
fuente/primerahora.com
J.C. Malone
Pandillas de racistas juveniles lincharon al ecuatoriano Marcelo Lucero en Patchoge, Long Island, y al mexicano Luis Ramírez en Shenadoha, Pensylvana, hace tres años.
Los linchamientos siguieron a una serie de discursos racistas, anti-inmigrantes y antilatinos de políticos derechistas de ambos lugares. En Staten Island y Buffalo atacaron a jóvenes negros, uno es dominicano, porque celebraban la elección de un negro, Barack Obama, como presidente de los Estados Unidos.
Mucho antes de que se aprobara la ley anti-inmigrantes de Arizona, en Hazelton, Pennsylvania, aprobaron una ordenanza municipal prohibiendo rentarle viviendas o emplear a indocumentados.
“Estamos peleando otra vez por las mismas viejas razones que ayer peleamos”, observa el abogado dominicano José Pérez, actual presidente de la organización Latino Justice-PRLDEF, una de las instituciones de derechos civiles más importantes de la nación. Y la más influyente en la costa Este estadounidense.
Para todos los fines prácticos, los inmigrantes, y los latinos en particular, enfrentan hoy exactamente los mismos obstáculos y dificultades que tuvieron otros grupos. “Lo que le pasó en los 60 y los 70 a los puertorriqueños, hoy le pasa a los dominicanos, mexicanos y otros grupos de inmigrantes Latinos”, comentó Pérez.
Él lleva 26 años ejerciendo la profesión, ha trabajado como ayudante de fiscal, también en Legal Aid por diez años, que es la principal corporación legal sin fines de lucro del país.
De la Oficina del Procurador General Estatal, donde era “Acting Chief” del Buro de Protección del Consumidor contra Fraudes, pasó a Latino Justice, fundada por César Perales, otro abogado neoyorquino, dominico- puertorriqueño. Perales recién se retiró, y Pérez asumió la presidencia interina de la organización, originalmente creada como el “Puerto Rican Legal Defense and Educational Fund” (PRLDEF).
Pérez, el hijo de Olga Piña, de San Juan de la Maguana, y del español German Pérez, recuerda que desde niño quiso ser abogado. Y cuando se graduó de la Escuela de Derecho de St. John’s University en 1985, decidió que no trabajaría para ninguna firma privada.
“Yo lucho por los que no tienen voz para defenderse o ser escuchados”, explica.
Esa brega contra la discrinación en todas sus formas busca garantizar cuestiones fundamentales para todos.
Derechos Políticos ?
Andrés Sánchez, un inmigrante dominicano, llegó en 1999 y solicitó la ciudadanía en el 2004, antes de tramitar permiso de residencia para su esposa y su hijo. Hizo todo el papeleo, se tomó fotografías, huellas digitales y lo demás, pero su caso se estancó durante cuatro años.
Con el paso del tiempo las formas de discriminación, los prejuicios y obstrucciones contra las minorías étnicas evolucionaron. Una enmienda constitucional fue necesaria para garantizar que los negros tuvieran derecho a votar. Hoy no todo el que tiene ese derecho logra votar.
En el 2008, había cientos de miles de latinos, como Sánchez, que llevaban varios años esperando completar el trámite de ciudadanía para poder votar. El retraso en procesar la documentación para otorgarles la ciudadanía es una forma de negarles el derecho al voto.
Pérez y Latino Justice demandaron al Servicio de Inmigración y Ciudadanía y al FBI por obstruir el proceso de ciudadanía, impidiendo que los latinos ejerzan su derecho al voto. Y una corte ordenó que se acelerara el proceso, asegurando que Sánchez y cientos de miles de inmigrantes pudieran votar en las elecciones del 2008.
Ese mismo año, recuerda Pérez, Latino Justice también demandó a la junta de elecciones del condado de Volusia en la Florida, forzándola a imprimir boletas en español para los electores que no supieran inglés. Hoy Pérez pasa más tiempo en un avión que en su oficina.
Recorre el país dando conferencias y asesorando organizaciones Latinas sobre el minucioso, complicado y caprichoso proceso de rediseño de los distritos congresuales. Por ley eso debe hacerse después de cada censo, para reflejar los cambios poblacionales en la representación política.
Es ahí donde se aglutinan o dividen votos creando los distritos de representación congresual, decidiendo buena parte del control político de la nación en la próxima década.
“La lucha es para convertir el crecimiento poblacional latino en una cuota de poder político real, ejerciendo a plenitud todos nuestros derechos civiles y políticos”, explica Pérez. Y mantiene esos litigios de alta política sin descuidar el más antiguo de los pleitos.
VICTORIAS A FAVOR DE LOS INMIGRANTES?
En Hazelton, un pueblo de Pennsylvania, hubo una agitación anti-inmigrantes que terminó en una ordenanza municipal sin precedentes.
Se prohibió rentarle casas o apartamentos a indocumentados, obligando a los dueños de inmuebles a revisar el estatus migratorio de todo posible inquilino.
Eso sembró una intranquilidad general entre los latinos del pueblo y lugares aledaños.
Esa ola anti-inmigrantes terminó con una pandilla racista linchando a Luis Ramírez en Shenadoha, varias millas al oeste de Hazelton.
Al linchamiento le siguió un tortuoso proceso legal. La pandilla no fue acusada de homicidio, y recibieron una condena correccional. La división de Derechos Civiles del Departamento de Justicia Federal, arrestó al jefe de la policía, amante de la madre de uno de los pandilleros, acusado de manipular el expediente en favor de los acusados.
La pandilla será juzgada nuevamente por homicidio agravado y crimen de odio.
La constitucionalidad de la ordenanza municipal de Hazelton fue cuestionada en una corte y de nuevo Pérez y Latino Justice, a instancias de una pareja dominico-boricua del pueblo, se envolvieron en el proceso. La ordenanza fue declarada inconstitucional en el tribunal de primer grado y la Corte de Apelaciones. Sus autores no están conformes y quieren que la Suprema Corte de los Estados Unidos se pronuncie sobre el caso y el más alto tribunal aún no decide si va a revisarlo.
Latino Justice también participa en la demanda contra la ley anti-inmigrante de Arizona. Pérez recuerda que la lucha por los derechos civiles es un proceso constante, como el cuento de nunca acabar.
Y habla de lo mucho que disfruta su trabajo.
“Representar a los que no tienen voz me causa gran satisfacción, que es la de saber que estás defendiendo a la gente de tu comunidad, al final, todos somos latinos”, puntualiza.
fuente/listindiario.com
Foto de archivo de Barry Bonds
Cuando Barry Bonds entró en el tribunal federal de San Francisco el 4 de diciembre del 2003, su palmarés profesional era de 658 jonrones, el béisbol no había implementado los análisis de dopaje con sanciones y hacía casi 50 años que los Gigantes habían ganado su último título de la Serie Mundial.
Mucho ha cambiado desde que el pelotero respondió durante 2 horas y 53 minutos a las preguntas de dos fiscales adjuntos y los miembros de un jurado de instrucción que investigaban el uso de drogas en los deportes.
La era de los esteroides en el béisbol parece haber quedado atrás, al menos parcialmente, desde que los jugadores y propietarios de los clubes instituyeron los análisis obligatorios, que luego hicieron más estrictos en tres ocasiones. Bonds ganó su séptimo galardón de Jugador Más Valioso en el 2004 y superó la marca de cuadrangulares de Hank Aaron en el 2007.
Luego, el 15 de noviembre del 2007, 50 días después de su última salida al bate como profesional y 100 días después de pasar a Aaron, Bonds resultó procesado y acusado de mentir al jurado investigador cuando negó haber usado a sabiendas drogas para mejorar su rendimiento. Aunque quiso seguir jugando, ninguno de los 30 equipos de Grandes Ligas lo intentó contratar. Sin él, los Gigantes ganaron el año pasado su primer título desde 1954.
A partir del lunes, en la misma sala en la que declaró Bonds, comenzará la selección del jurado que determinará si violó la ley con cuatro de aquellas respuestas, un total de nueve palabras: “No, que yo sepa”, “No, no”, “No” y “Así es”.
Cada uno de los cinco cargos -cuatro de hacer falsas declaraciones al jurado investigador y uno de obstrucción a la justicia- podría conllevar una pena de 10 años de cárcel, aunque las directrices federales hacen que es más probable una condena de 20 a 21 meses si Bonds es declarado culpable.
Los fiscales sostienen que mintió para proteger el legado de su carrera, en que pegó jonrones a un ritmo sin precedentes, especialmente si se tiene en cuenta su edad. Bonds tenía 43 años cuando bateó su último jonrón, el número 762.
Al parecer, su defensa será argumentar que dijo la verdad al asegurar ante el jurado investigador que no sabía que las sustancias usadas eran esteroides. De esta manera, el hecho de que fueran o no fármacos prohibidos no sería relevante en los cargos contra Bonds.
“Si observas los casos de atletas internacionales con el paso del tiempo, las defensas han sido: ‘No sabía”’, dijo el doctor Gary Wadler, ex presidente del comité que genera la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje. “Claramente, sí lo saben. La pregunta es, ¿puedes probarlo en una audiencia? Pero saben, por supuesto que saben”.
Aún en ese caso, los fiscales podrían tener problemas en convencer a los jurados. Su principal problema es que el preparador físico y amigo de Bonds, Greg Anderson, se niega a declarar.
Anderson recibió una sentencia de tres meses de cárcel y tres de arresto domiciliario por distribución de esteroides y lavado de dinero en el caso del laboratorio californiano BALCO, la fuente de las sustancias que los fiscales dicen que Bonds consumió. Probablemente, Anderson vuelva a la cárcel durante la próxima semana por negarse a cooperar con la justicia.
Sin su corroboración, la jueza federal Susan Illston determinó que los fiscales no pueden usar como evidencia tres análisis positivos confiscados en BALCO y los llamados calendarios de dopaje del entrenador. La apelación de los procuradores a esa decisión demoró el juicio por dos años y fue finalmente rechazada en una corte de apelaciones.
Los fiscales acusan a Bonds de mentir al jurado de investigación cuando dijo que no tomó esteroides que le hubiera dado Anderson.
fuente/diariolibre.com
